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Perú, que desde hace 15 años vive un auge minero, afronta varios conflictos entre comunidades campesinas y empresas mineras, que representan un desafío para el futuro gobierno de Ollanta Humala, quien asumirá el 28 de julio próximo. El presidente de la región Junín, Vladimir Cerrón, comentó que entre los 250 conflictos sociales que hay en el país, están las protestas en la región andina de Puno, en la norteña de Cajamarca, y en Cerro de Pasco, y que los disturbios han dejado 94 muertes. “Existe una percepción generalizada de caos debido a que el gobierno no ha logrado desactivar esos problemas que heredará al gobierno de Ollanta Humala”, indicó Cerrón, quien pidió una investigación para determinar qué intereses están detrás de los conflictos.

En junio, los peruanos fueron testigos de la radicalización de las protestas en Puno, donde la última semana perecieron cinco personas en las manifestaciones, lo que obligó al gobierno a iniciar un proceso de diálogo para desactivar la crisis. Bajo este panorama, el ex presidente del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Walter Gutiérrez, dijo que el conflicto en Puno y en otras zonas del país debe constituir un “llamado de atención” al gobierno para que atienda de inmediato los reclamos. Los indígenas aimaras de Puno, zona fronteriza con Bolivia, rechazan desde hace años la actividad minera, al considerar que daña la agricultura, la ganadería y contamina sus ríos.

Según Gutiérrez, para las futuras concesiones mineras y de otros recursos, necesariamente debe haber una consulta popular previa para tener legitimidad. Advirtió que si el gobierno persiste en otorgar concesiones sin investigar lo que realmente ocurre en las comunidades generará una ola de conflictos y sembrará la semilla de la inestabilidad política, que afectará al futuro gobierno de Humala.
Publicado : 30-06-2011 02:21:18 AM | Leido : 1172 veces